Caso Ricardo Anaya, la OEA y la relación del dinero con el poder

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En una entrevista muy interesante, le decía el ex Presidente de Uruguay José Múgica a una periodista mexicana, que a quienes les importe mucho el dinero, la riqueza material, que se hagan a un lado de la política, porque la contaminan.

Su interés es legítimo, pero la lucha política es un imperativo ético, no un imperativo de riquezas tangibles y activos bancarios o inmobiliarios. El caso del candidato presidencial Ricardo Anaya, en la coyuntura electoral actual (no porque sea el único, ya que abundan en México) nos remite a esta problemática histórica: la relación entre el interés por dinero y el poder público, que es una distinción fundamental en cualquier teoría y praxis política, así como, un dilema de la democracia, particularmente, latinoamericana y mexicana.

Son distintos los casos de peculado desde un cargo de poder público, o del uso de los recursos del erario público para llegar al poder o conservarlo. Tampoco asumimos el enfoque de que solo siendo muy humilde, puedes luchar auténticamente por la democracia y una mayor igualdad social. No.

Hablamos de una problemática relación que en la esfera de lo social aparece disociada, distanciada: el dinero es el mediador por excelencia para intercambiar o adquirir bienes y servicios cuya acumulación te pone muy cerca de los mejores goces y disfrutes de la vida, que requiere la libre disposición de dos o más personas para concretarse. La voluntad es determinante.

El poder es la capacidad de coerción, influencia o dominio sobre los demás, incluyendo su forma de pensar. Puede o no haber acuerdo entre dos o más actores para que se concrete. Pero en ambos casos, se requiere acudir a medios e instrumentos legítimos y legales que sean positivamente sancionados socialmente. De lo contrario, tanto el poseedor o deseador del dinero, como el detentador y ejercitante del poder público, tienen problemas. Entonces, esa relación entre el dinero acumulado y el poder público, inconexa, distante  socialmente y por tanto, aparentemente no problemática, se vuelve en extremo conflictiva cuando se asocian, se conectan, son muy cercanas y hasta orgánicamente funcionales.

Las disputas o acuerdos por dinero generan una serie de tensiones y emociones encontradas, porque a quienes les interesa acumular dinero, con los goces y disfrutes, o hasta lujos, que éste te proporciona, y que no poseen muchos más, desarrollan con él una relación consciente y holística (entienden al dinero, como lo que mejor expresa la suma completa de sus aspiraciones sociales, familiares y personales).

Cada persona se relaciona de manera distinta con el dinero, con lo que representa, con lo que puede aportar a su vida, y tiene diversas creencias al respecto (influidas por distintos factores, incluso los familiares), que se alojan en el inconsciente colectivo. Las creencias entonces, no son, necesariamente “verdaderas” o “falsaspor definición, sino que se vuelven un poder, un motor para tus acciones, dependiendo de qué tan fuerte y sólida sea tu convicción de que son “verdaderas” y “correctas”.

Ricardo Anaya es un convencido holístico del poder del dinero, de su necesaria acumulación y de las ventajas y goces que proporciona, solo así podemos entender que haya asumido un riesgo tan grande al involucrarse en operaciones de negocios legal y legítimamente cuestionables (no ha definido un juez, qué tanto lo son), al tiempo que desarrollaba sus aspiraciones de ser Presidente de la República, y en el contexto de un enfrentamiento político progresivamente mayor con el poder público (el partido en el poder y el Presidente EPN). Cualquiera opinaría que se trató de una inmensa torpeza, porque lo volvió idealmente vulnerable en la campaña presidencial. Otros, que han asumido la postura de la “victimización política”, dirán que no lo fue. Afirmo esto, sin omitir o desconocer las trapacerías que suelen hacerse desde el poder público en México. Pero el flanco de vulnerabilidad que se abre es distinto, para un opositor estigmatizado por sus creencias ideológicas y proyectos políticos (AMLO), que para otro involucrado en sospechosos negocios privados de dinero. Para Ricardo Anaya, no era suficiente un patrimonio propio, rápido y relativamente holgado, sino que había que tener también, el poder público. Es el sueño de muchos, de dos tipos de fanáticos en uno: los del poder y los del dinero. Aquí cobra relevancia la máxima del priismo mexiquense en boca de Carlos Hank González: “un político pobre, es un pobre político”. La asumió con sus consecuencias Ricardo Anaya.

Este tema ha afectado y alterado, no sólo el proceso electoral, su transparencia y credibilidad, sino, su imagen y proyección internacional. Hoy, tanto el PAN-Frente como el gobierno-PRI, decidieron ventilar su confrontación al seno de una entidad pública regional: la Organización de Estados Americanos (OEA), confiando cada quien en su capacidad de influencia dentro ella, de sus vínculos y alianzas posibles, y claro, de sus razones y fundamentos. Ambos, han elevado la apuesta política. Pero está exhibiendo también, los límites estrechos de una contienda democrática en el México de hoy. La propia OEA en un informe sobre “Política, Dinero y Poder” (2008), de hechura colectiva, analiza el tema desde dos enfoques: la importancia del dinero en los procesos electorales como factor que puede alterar la libre elección, el voto ciudadano; y el impacto del dinero en el ejercicio de gobierno, cómo las decisiones desde el Estado pueden concentrase en aquellos que tienen más influencia desde el poder del dinero. Recomendamos su lectura.

La introducción al texto hecha entonces por su Secretario General José Miguel Insulza, explica, el por qué la OEA aparentemente, ya le ha dado entrada a la controversia presentada por ambas fuerzas políticas: “La resolución de crisis, el ejercicio de mediación en la búsqueda del diálogo y la observación y cooperación en el campo de los procesos electorales, son algunos de los campos en nuestra labor por la democracia.”  ¿Qué carácter tendrá una posible resolución? ¿O emitirá solamente una opinión? La secretaria general del PRI, Claudia Ruíz Massieu, acusó a Anaya en el discurso de entrega del expediente en la OEA, de “buscar un fuero de facto” por su condición de aspirante presidencial, lo cual es improcedente, y menos aún, en tratándose de presuntos hechos delictivos.

Tres acusaciones centrales le ha hecho el gobierno-PRI a Ricardo Anaya: haber mentido sobre los términos y los actores directos de la jugosa transacción inmobiliaria en cuestión; haber hecho la mayoría de su patrimonio cuando desempeñó un rol público: como secretario privado del ex gobernador de Querétaro y como diputado federal; y que su patrimonio actual en propiedades inmobiliarias y activos bancarios, no corresponde con sus declaraciones de ingresos, hechos como servidor público. El tema da para mucho litigio, pero el espacio temporal de la campaña (sobran cuatro meses, solamente), y el plazo para que Anaya se registre como candidato formal, no da para la adecuada ventilación del caso en tribunales, a menos que las evidencias insinuadas sean realmente contundentes. Estamos ante un problema serio: si la PGR lo vincula a proceso, habrá escalad0 el conflicto; si no lo vincula fehacientemente, el gobierno de EPN, una vez más, se exhibirá interna y externamente como carente de los atributos necesarios para abrir un proceso en condiciones básicas de legalidad. Será la muerte anticipada de su candidato. Esperamos que sepan lo que hacen, unos y otros.

Recordar la frase que se atribuye a Benito Juárez: “a los amigos lo que deseen, a los enemigos simplemente la ley”. Es público y conocido que el Presidente EPN y Ricardo Anaya tenían una relación política estrecha, convergente, los intercambios de halagos, reuniones y acuerdos son públicamente conocidos, pero hubo una ruptura que muy probablemente tiene que ver con las elecciones de 2017: las filtraciones falsas sobre la presunta investigación sobre lavado de dinero a la familia de la candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota (a pesar de aquella muy generosa transferencia de $900 millones de pesos para la organización de apoyo a la inmigración indocumentada dirigida por la candidata, de la que se le acusa, no ha rendido cuentas claras, y que pasaron por la oficina del entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, derrumbaron tal candidatura volviéndola una verdadera debacle política panista.

Luego vino el tema de la elección en Coahuila (en donde el PRI reclamó el triunfo de su candidato a la gubernatura, Miguel Riquelme, contra Guillermo Anaya del PAN y aliados), y el propio PAN lo impugnó por rebase de gastos de campaña, más una serie de irregularidades (que avaló el INE), exigiendo la anulación y reposición del proceso electoral, pero el TRIFE resolvió en favor del PRI, y Migue Riquelme fue declarado Gobernador electo de Coahuila). Ambas cuestiones (salvo que luego se conozcan otros hechos), más los enfrentamientos legislativos y las declaraciones del “precandidato” Ricardo Anaya sobre la corrupción en el actual sexenio, especialmente aquella, de que si el Presidente EPN incurrió en responsabilidad penal, en un gobierno hipotético del PAN-Frente, iría a la cárcel (esto, en su afán de arrebatar la bandera “anti-corrupción” a AMLO, pero rebasándolo en su radicalismo, en un tema muy sensible para el electorado mexicano actual), más las propias aspiraciones de Anaya y la dinámica de su campaña, que se oponen a un mejor posicionamiento del candidato del PRI, colapsaron la relación política y amplia cooperación en materia de actos legislativos y de gobierno, que habían llevado el PAN dirigido por Anaya, y el PRI dirigido por EPN, y condujeron al enfrentamiento actual. Las opciones para ambos son ya muy estrechas.

Dentro de la teoría y la experiencia judicial en materia de lavado de dinero, hay seis elementos que configuran la presunción fundada de una operación con recursos de procedencia ilícita, dentro de los modelos conocidos de blanqueo de capital: i) el sector de transacciones escogido: inmuebles, obras de arte, seguros, fianzas, joyería, transferencias bancarias, compra de activos bursátiles, activos empresariales, donativos a fundaciones, considerados todos sectores de “alta exposición”, que realizan “actividades vulnerables”, cuyos titulares están obligados a reportar una operación sospechosa; ii) pagos cuantiosos en efectivo con dinero no documentado en cuentas bancarias u otras formas como, tesorería de empresas; iii) triangulaciones internacionales de dinero, el cual cursa por distintas plazas financieras de diferentes países; iv) uso de “empresas fantasma” diversas, en el trayecto del dinero ilícito; v) uso de prestanombres (también llamados “testaferros”), para evadir la responsabilidad de los verdaderos actores de la transacción con dinero de procedencia ilícita; y vi) distorsión en el precio de mercado de los bienes o servicios comercializados en una operación de tipo ilegal, porque el objetivo es introducir la cantidad máxima posible de dinero en la operación.

Vean la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, Art. 17 fracción V “Facilidad Administrativa para la Presentación del Primer Aviso para Desarrolladores Inmobiliarios”.

Ustedes opinarán si hay materia o no para una investigación judicial. Yo afirmo que sí.

Vía SDP

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